Peinado ha resaltado que se trata de un preacuerdo “orientativo”, que aún debe ser ratificado y que pone de relieve “la paz social en nuestro país”. Además, asegura que es un mensaje de “certidumbre y credibilidad a los mercados financieros, que es algo muy importante”.

Asimismo, el secretario general de la CREEX ha indicado que el preacuerdo también pone de manifiesto que los representantes empresariales y los sindicatos “somos conscientes de la situación, y somos realistas en cuanto que se pueden ir incrementando los salarios pero de manera prudente, y en función del sector productivo en el que se desarrolle la empresa, para no poner en riesgo la competitividad de las mismas”.

En cuanto a la aplicación del acuerdo en Extremadura, Francisco Javier Peinado ha asegurado que todas las organizaciones “tenemos la voluntad de cumplirlo”, como indica que los convenios firmados este año recogen una subida media salarial del 1,5% “en línea con el acuerdo nacional”.

Por último, Peinado ha instando a que se aborden “cuestiones de otro calado que son necesarias acometer lo antes posible, como son las altas cifras de absentismo laboral, que están influyendo negativamente en la productividad del factor trabajo”.

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Con el objetivo de crear empleo, mejorar la empleabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas y luchar contra la economía sumergida, los agentes sociales han firmado un preacuerdo para los próximos tres años en la sede de CEOE. 

Los incrementos salariales pactados serán, para los años señalados, de una parte fija en torno al 2% más un 1% variable ligado a los conceptos que en cada convenio se determinen. Por ejemplo, este aumento variable puede estar sujeto a la productividad, resultados y absentismo. Asimismo, los agentes establecen un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales. 

Además, los convenios colectivos podrán durante estos tres años establecer mecanismos de revisión salarial, teniendo en cuenta los indicadores que en cada caso estimen aplicables los negociadores. Así como impulsar la renovación y la actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador.

A todo esto, hay que añadir que ambas partes han abogado por la modificación del artículo 42 del Estatuto de los trabajadores, con el fin de garantizar las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva. En este sentido, los agentes sociales proponen desarrollar una nueva medida dirigida al mantenimiento del empleo en empresas con dificultades económicas, propiciando reducciones temporales de jornada, favoreciendo que el trabajador no se vea perjudicado, que las empresas mantengan sus plantillas y que se habiliten procesos de formación.

En lo que se refiere a la formación, la patronal y los sindicatos han instado a establecer un marco de dialogo para alcanzar un acuerdo en materia de Formación Profesional para el Empleo y ambas partes se comprometen a impulsar una reforma del actual marco legal regulador. Asimismo, proponen una reforma del actual marco legal en materia de formación para el empleo en el ámbito laboral, que tenga en cuenta son empresas y trabajadores los que financian el sistema a través de las cuotas sociales.

En materia de absentismo, hablan de la necesidad de crear un observatorio que en el plazo de seis meses emita un informe a partir del cual se puedan realizar "pruebas piloto" para tratar de mejorar el absentismo no deseado.

Sobre jubilación, piden los cambios legales que permitan extinguir el contrato de trabajo a quienes lleguen a la edad ordinaria de jubilación siempre que tengan derecho a la pensión completa, al tiempo que reclaman la recuperación del contrato relevo ligado a la jubilación parcial.

Ambas partes apuestan por desarrollar medidas integrales para favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres, entre ellas, el desarrollo del sistema de atención a la independencia y la infancia, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad o de las reducciones de jornada, y el estudio cualitativo del impacto de género de los pluses y complementos salariales.

Además, inciden en que hay que elaborar un plan director para la reducción de la economía sumergida y regular el Consejo Nacional de Negociación Colectiva para conocer la realidad de los convenios colectivos en España y para que desarrolle funciones de observatorio y formación de negociadores, entre otras.