El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que tiene como finalidad fundamental ampliar el plazo para que las micropymes y empresas que contratan con las Administraciones Públicas se adapten al nuevo régimen de clasificación de contratistas que se reguló en el Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, y que añade un nuevo exceso de carga burocrática para las empresas.
