El Ejecutivo ha autorizado la convocatoria de ayudas acogidas al decreto 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en actividades industriales con gran impacto económico y social, con una dotación de 10 millones de euros procedentes de fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De acuerdo con la orden de convocatoria, podrán ser beneficiarias las personas jurídicas titulares de empresas que realicen o vayan a realizar actividades industriales, y se considerarán inversiones y costes subvencionables los trabajos de obra civil y los bienes de equipo.

Dentro del apartado de obra civil se incluyen las traídas y acometidas de servicios necesarios para la actividad; la urbanización adecuada a las necesidades del proyecto y la construcción de oficinas, laboratorios, servicios sociales y sanitarios del personal, almacenamiento de materias primas y de productos terminados, edificios de producción, de servicios industriales y de comercialización, entre otras instalaciones y obras vinculadas al proyecto.

En cuanto a los bienes de equipo, se incluyen la maquinaria de proceso, elementos de transporte interior, equipos de medida y control, equipos de seguridad, medios de protección del medio ambiente, instalaciones especiales, mobiliario y enseres, utillaje y pequeñas herramientas, equipos para proceso de información y otros bienes de equipo ligados al proyecto.

De acuerdo con el decreto que regula estas ayudas, todo beneficiario deberá hacer una aportación financiera mínima al proyecto del 25% de los costes subvencionables, bien mediante sus propios recursos o bien mediante financiación externa, y el importe mínimo del proyecto de inversión subvencionable será de 50.000.000 euros.

Asimismo, el proyecto subvencionado deberá crear un mínimo de 100 nuevos puestos de trabajo indefinidos directos, incluidos en su caso los trabajadores fijos discontinuos, y deberá realizarse sobre suelo industrial del que sea titular la Administración autonómica o los entes del sector público autonómico